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El Gobierno oficializó una serie de cambios profundos en las áreas de Cultura y Derechos Humanos, según el Decreto 344 publicado en el Boletín Oficial. Por medio del mismo, se dispuso transformar el Archivo Nacional de la Memoria y del Museo de Sitio ESMA —ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio— en unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
Según el decreto, el CIPDH asumirá las funciones y objetivos del Archivo y el Museo ESMA, ambos dependientes hasta ahora de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Desde la administración nacional, esta medida apunta a promover “una gestión más eficiente, articulada y racional en materia de derechos humanos y preservación de la memoria histórica”.
Además, el documento detalla que se garantizará "la conservación de los fondos documentales disponibles en los organismos" en cuestión y la accesibilidad a los mismos, "así como también la continuidad de las actividades que llevan adelante". Así, el CIPDH "asumirá las funciones y objetivos" del Archivo y del Museo.
Así, el Archivo tendrá como actividades fundamentales “obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones”.
Por su parte, el Museo de Sitio ESMA continuará con su finalidad de “difundir y transmitir los hechos acontecidos a las víctimas del Terrorismo de Estado, ocurridos en el ámbito físico de su detención; así como sus antecedentes y consecuencias”.
La Secretaría de Derechos Humanos pasará a ser Subsecretaria, con un recorte del 40% de su estructura, según informó el Gobierno. Con esta medida, el ente se encargará de "garantizar todos los derechos humanos y no de defender un sector ideológico partidario", sostuvo el vocero Manuel Adorni.
El vocero lo confirmó en la última conferencia de prensa que la decisión conllevaría un recorte del 40% en su estructura y también se reducirá en un 30% su personal. La decisión fue definida por el Ministerio de Justicia y significará "un ahorro de $9.000 millones anuales".
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